Dictan medida de aseguramiento contra el gobernador de Putumayo

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El mandatario Buanerges Florencio Rosero Peña y otros funcionarios de su despacho son señalados de corrupción. Habría incurrido en irregularidades en la contratación de ambulancias al amparo de la emergencia por el covid-19.

Medida de aseguramiento de detención en el lugar de residencia impuso un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá al gobernador de Putumayo, Buanerges Florencio Rosero Peña, por solicitud de una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

El mandatario es señalado de incurrir en sobrecostos por más de mil millones de pesos, entre otras irregularidades, que también implican a otros funcionarios de su despacho.

La Fiscalía General de la Nación afirmó que de acuerdo con el material probatorio se evidencian irregularidades en un contrato de adquisición de 10 ambulancias para atender pacientes y necesidades médicas ocasionadas por el covid-19.

Asegura el organismo de control que el mandatario decretó la calamidad pública en el departamento, 4 días antes de la declaratoria de Emergencia Económica Social y Ecológica que hizo el Gobierno Nacional.

Al amparo del acto administrativo que se adelantó a cualquier marco normativo para atender la pandemia, la Gobernación de Putumayo, a través del secretario de Salud, suscribió el contrato investigado por un valor de $3.460.634.610, indicó la Fiscalía.

Proponente único y sobrecostos

También se detectó un supuesto direccionamiento indebido para que la adquisición de los vehículos quedara en manos de un único proponente, Carrocería Innovas SAS; además de un sobrecosto por $1.064.626.310.

Precisa la investigación que el contratista, al parecer, no tenía disponibles las ambulancias medicalizadas para la fecha y plazo del contrato; sin embargo, habría recibido un anticipo del 50% del valor del contrato, en contravía de las normas.

Frente a estas presuntas irregularidades la Fiscalía General de la Nación imputó al gobernador Rosero Peña peculado por apropiación en favor de terceros agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.


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