Covid, erradicación y guerra, el drama del Bajo Patía

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Por lo menos unas 500 personas habitantes de veredas pertenecientes a diferentes corregimientos de Policarpa, tuvieron que dejar sus pertenencias y huir hacia las cabeceras, pues quedaron en medio de los combates entre grupos que se disputan el control territorial.

Por lo menos unas 500 personas habitantes de veredas pertenecientes a diferentes corregimientos de Policarpa, tuvieron que dejar sus pertenencias y huir hacia las cabeceras.

Por Víctor Chaves R. #ReporteroNomada

Los desplazados de zonas rurales de Policarpa ya pasan de 500. Grupos de disidentes, bandas al servicio de las mafias, paramilitares y guerrilleros viven una sangrienta disputa territorial pasando por encima  de centenares de familias que ahora se están desplazando a las cabeceras.

Los habitantes de la zona cordillerana y la cuenca del bajo Patía, en el norte de Nariño viven una encrucijada triple: Por un lado, la pandemia del Covid -19 que tiene a los campesinos hacinados en su casas; por el otro la erradicación forzada de los cultivos de mata de coca, que los somete a una crisis económica y de seguridad en todo el territorio y por último, aparecen los actores armados, con muchos uniformes y banderas pero un solo objetivo: asumir el control de la subregión.

Sobre este drama, que no es nuevo, a no ser por el letal virus, muchos pensaron que no volvería a repetirse, ya que los acuerdos entre las Farc – ep y el Gobierno nacional, determinaban entre muchos aspectos, la posibilidad de que estos territorios fuesen escenarios para que el Estado se desbocara en proyectos, asistencias y todo lo que siempre ha hecho falta.

“Con excepción del Ejército, ninguna entidad del Gobierno nacional volvió a hacer presencia ´por estos lados después de que los exguerrilleros se marcharon, algunos para el nuevo Espacio Territorial en la zona de El Estrecho, en el sur del Cauca, otros pocos para donde sus familias y muchos se devolvieron para el monte, volvieron a tomar las armas, pero esta vez sin ideologías ni intereses políticos”, asevera Adolfo López, líder social en el corregimiento de Madrigal, quien ve con mucha preocupación como la guerra sigue llevándose por delante a muchos inocentes, provocando desplazamientos, sin que las autoridades nacionales atinen a implementar los mecanismos necesarios para cambiar esta situación de raíz.

“Cuando hace presencia el Ejército, lo único que sucede es que se suma otro actor armado al conflicto, nada más. Para la gente es más represión y más acoso. No hay ningún bienestar para nadie. Aquí, en Madrigal o en Santacruz, no hay servicio médico de ninguna especie. Llega un doctor cada quince días y atiende solo a 10 o 15 personas y luego se va. Hay enfermos que llevan más de 3 años esperando atención sin lograrlo”, agrega.

La pandemia

Los propios habitantes de la cuenca del Bajo Patía, en el noroccidente de Nariño, asumieron el reto de cuidarse de los efectos del Covid – 19, sin recursos pero con mucha disciplina y responsabilidad. Mientras la gente estuvo en cuarentena, de alguna manera esta determinación fue efectiva. Pero las necesidades económicas y la obligación del trabajo, así sea rebusque, los está haciendo salir a buscar qué hacer, casi siempre en la zona de cultivos de uso ilícito.

“Si se permite que el virus comience a infectar a todos en esta región, el impacto sería lamentable y desastroso”, argumenta, Adolfo López y además agrega que “aquí nos toca acudir a la medicina natural, porque la institucional no se ve por estos lados”.

Erradicación forzada

El tema de los cultivos de uso ilícito y la estrategia de erradicación forzada asumida por el Gobierno nacional es otro factor que contribuye a deteriorar la situación en el Bajo Patía. Para nadie es un secreto que los campesinos, que no son narcotraficantes ni mafiosos, deben dedicarse al cultivo de la mata de coca, pues es el único ´producto que les permite obtener algún dividendo, por lo menos para su sobrevivencia.

Y aunque los acuerdos de La Habana establecían un proceso de sustitución gradual y concertada, al que de entrada se vinculó la mayoría de los cultivadores, para el gobierno de Iván Duque está estrategia no fue de su agrado, ni llamó su atención y ha optado por la erradicación y muy posiblemente por la fumigación aérea, pese a la oposición popular, de los ambientalistas y de otros sectores.

Hoy hay una evidente crisis económica propiciada por la erradicación y también por las dificultades para trabajar debido a la pandemia.

Una guerra fragmentada

La disputa territorial y también por el control de la producción de base de coca y de los laboratorios de cocaína ha conducido a un gran desangre, cuyas dimensiones por ahora no se han medido con precisión.

Se sabe que además de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y del Ejército de Liberación Nacional, como grupos con un estatus reconocido, participan en esta guerra de más de diez bandas, disidencias y grupos delincuenciales.

“Aquí  no hay Derechos Humanos, porque no hay quien los aplique. Tampoco hay Derecho Internacional Humanitario, ni reglas para la guerra. Todos pasan por encima de los campesinos, mujeres, niños y mayores, sin la menor consideración”, explica Adolfo López, quien comenta que en un cálculo rápido  sobre las personas que han tenido que dejar sus fincas y ranchos debido a las acciones de los grupos armados, se suman ya más de 500, teniendo en cuenta además que unos grupos llegaron directamente a la cabecera de Policarpa y otros se han quedado en Madrigal (más de 100 personas están en la Casa de la Cultura), Ejido y otras cabeceras.

“Aquí está todo tan descontrolado, que cualquiera con un fierro (revólver) cree que ya puede imponer su ley y cobrar el impuesto”, concluye en esta materia, Adolfo López, líder social en la región del Bajo Patía.


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