Iván Duque: Error tras error

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Acaba de ponerse al descubierto otro más de los desaciertos del Gobierno en el manejo de la crisis que vive el país con motivo de la pandemia que sufre el mundo, pero que también azota al país.

Por: Edwin Mejía Ch.   frankymejiach@yahoo.es

La administración todavía no se ha pronunciado al respecto. La Corte Constitucional falló en contra de los decretos 558 y 580 del año 2020 que se habían expedido el pasado 15 de abril   para   tratar   de   favorecer   a   un   buen   número   de colombianos.

En estas normas se estipulaba un incremento a los subsidios del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo, hasta el 31 de diciembre del 2020 y que buscaban beneficiar a unos 2 millones de ciudadanos en varios municipios del país.

En el mismo   precepto   se   estipulaban   subsidios   a   los   servicios públicos para los estratos 1, 2 y 3; a la nueva reglamentación se   acogieron   cerca   de   110   municipios,   en   los   que   unos   8 millones de personas salían favorecidas.

Hoy, hay   temor   entre   los   colombianos   porque   los   expertos vaticinan que los cobros de los recibos de servicios públicos subirán en los próximos días, pues ya no existe el beneficio.

Infortunadamente en la firma del decreto debía participar el total del gabinete, o sea, todos los ministros, no obstante, el documentó   no   contó   con   la   firma   del   ministro   de   salud, Fernando Ruiz ni de la ministra de la ciencia, Mabel Torres.

Ahora no se sabe qué va a pasar. Es incierto el camino que deben   seguir   los   mandatarios seccionales;  en   otros   casos, como el mío, estamos temerosos porque a pesar de que no nos   dieron los beneficios   de   la   ley   nos   da   miedo   que   nos empiecen a cobrar multas o fraccionamientos como supuestos favorecidos.

Varios miembros del Gabinete Presidencial aseguraron que las normas expedidas y que se cayeron por cuenta de la Corte Constitucional no tienen efecto retroactivo; esto quiere decir que   a   los   mandatarios   seccionales   que   alcanzaron a beneficiarse   de   los   decretos   y   los   aplicaron   en   sus poblaciones, no podrán acusarlos de ningún tipo de conducta errada ni de equivocación y deberán sostener la promesa del descuento hasta el próximo 31 de diciembre, cuando se acaba el plazo para el beneficio, según los decretos.

Así no sabemos a qué acogernos, no sabemos en qué va a quedar ese fallo de la Corte, por ahora esperar y pedirle al Dios de cada uno de nosotros porque esto salga lo mejor posible.


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