Ordenan suspender erradicación forzada de cultivos de uso ilícito en territorio Awá

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Un fallo del Tribunal Superior del Distrito de Pasto le exige al Gobierno y a la Fuerza Pública respetar la autonomía indígena y la consulta previa obligatoria.

Noticias Nariño

Los indígenas Awá lograron ganar una batalla jurídica, luego del fallo de segunda instancia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto que ordena suspender los operativos de erradicación forzada en el territorio Inda Sabaleta ubicado en el corregimiento de Llorente del municipio de Tumaco.

De acuerdo con el pronunciamiento el Tribunal concedió al resguardo indígena los derechos a la vida, a la integridad personal, la consulta previa, la autonomía de la comunidad indígena, la propiedad colectiva, el mínimo vital, el derecho al trabajo y los medios de subsistencia.

La acción de tutela fue presentada por el colectivo de abogados José Alvear Restrepo – Cajar- como agente oficioso de Neider Sevillano García, gobernador del resguardo Inda Sabaleta.

Se ordena a la Policía Nacional y al Ejército Nacional suspender de forma inmediata los operativos de erradicación forzada en el territorio señalado, hasta tanto no sea garantizado el derecho fundamental a la consulta previa obligatoria para pueblos indígenas.

Muerte de comunero

Precisaron voceros del colectivo de abogados que la acción de tutela tuvo como contexto el asesinato del comunero indígena Ángel Artemio Nastacuas Villarreal en el resguardo Inda Sabaleta, el pasado 22 de abril de 2020.

El comunero falleció tras recibir un disparo en el costado izquierdo de su cuerpo, durante una intervención de la Fuerza Pública.

En oficio enviado el 13 de mayo de 2020 a la ministra de Interior, Alicia Arango y en denuncia presentada a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo, la Unidad Nacional Indígena Awá –Unipa- denunció que “la Policía Nacional ingresó a una de las zonas de amplificación del resguardo Inda Sabaleta de manera inconsulta a erradicar cultivos de hoja de coca”.

Agregan en la misiva que los policías emprendieron una arremetida contra quienes se encontraban en este lugar, disparando ráfagas de fuego con sus armas, cuyo saldo fue la muerte de Ángel Artemio Nastacuas perteneciente al resguardo Pialapí Pueblo Viejo – Ricaurte y tres personas más heridas”.

Grave peligro por el covid-19

Agregan los líderes indígenas que además de perpetrar este ataque ingresaron al territorio en medio de la emergencia sanitaria causada por el covid- 19, “poniendo en grave peligro la integridad de todos los habitantes del resguardo Inda Sabaleta”.

Indicaron los voceros indígenas que cabe señalar que de 1.754 casos positivos en el departamento de Nariño, el 55,19 % se han presentado en Tumaco, municipio cercano al resguardo en mención, con 968 casos y más de 30 fallecidos.

Anotan que el Tribunal revocó el fallo de primera instancia del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pasto, y desestimó los argumentos que desconocían los derechos ancestrales del Pueblo Awá sobre el territorio donde se llevan a cabo las labores de erradicación forzada.

Comentan que el fallo de segunda instancia destacó también que la erradicación forzada de cultivos ilícitos sobre el territorio de la comunidad indígena les afecta directamente pues dichas siembras constituyen su principal sustento económico, de ahí que los referidos operativos comprometen la supervivencia, la seguridad alimentaria y el mínimo vital de la comunidad.

Consulta previa

En esa vía la sentencia también recuerda que desde 2003, la Corte Constitucional en la sentencia SU-383 estableció “la obligación concreta de realizar procesos de consulta previa a las comunidades indígenas, antes de iniciar cualquier programa de erradicación de cultivos de uso ilícito”.

El Ministerio del Interior deberá garantizar y demostrar la posibilidad de acceso y participación de la comunidad a la consulta previa en el marco de la normatividad vigente y la jurisprudencia definida para tal fin.

Se ordenó también “tener en cuenta las medidas de bioseguridad recomendadas por el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus covid-19, para generar una estrategia que permita, en la medida de lo posible, adelantar el trámite de consulta sin poner en riesgo la vida y la salud de los miembros del Resguardo Inda Sabaleta”.

Indicó el colectivo Cajar que esta situación ya había sido advertida en abril por la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos, quien solicitó al Ministro de Salud y Protección Social “suspender la autorización otorgada a las actividades de erradicación de cultivos de uso ilícito, por integrantes de la Fuerza Pública y Grupos Móviles de Erradicación Forzada, en aplicación del principio de precaución”.

Abusos de autoridad

Precisaron los voceros que los impactos sociales, económicos y humanitarios de la erradicación forzada han generado múltiples protestas de campesinas y campesinos que basan su subsistencia en estos cultivos.

“Estas han terminado en repetidas ocasiones en enfrentamientos donde se han presentado numerosos abusos de autoridad y graves violaciones a los derechos humanos que incluyen homicidios y atentados, en departamentos como Guaviare, Putumayo, Caquetá, Cauca y Nariño”, expusieron.

La comunidad indígena Awá a través de la organización Unipa le pidió al Gobierno Nacional acatar este fallo de tutela y a reorientar su política antidrogas en consonancia con los derechos de los pueblos indígenas, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Acuerdo de Paz, teniendo en cuenta las múltiples vulneraciones que se derivan de la erradicación forzada y los beneficios de la sustitución voluntaria y concertada como salida estructural al flagelo del narcotráfico.


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