«No negociamos. Exigimos respeto a la vida»: Marcha por la dignidad

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Para varios líderes sociales integrantes de la Marcha por la Dignidad que inició el pasado 25 de junio desde Popayán en el departamento de Cauca, con destino a la capital del país, Bogotá, esta se realizó colocando la cara no solo a la amenaza de muerte que representa la pandemia del Covid-19 sino, a la pandemia estatal y paraestatal.

Por Rosalba Alarcón Peña. Directora de Alcarajo.org y Puentes de Paz. Especial para La Noticia Sin Fronteras

Y, sí. No es la primera vez que los líderes afros, indígenas, campesinos y excombatientes marchaban dando la cara a la muerte, pues varios de ellos han logrado sobrevivir ante las amenazas de muerte, desplazamientos forzosos y atentados. Este es el caso del líder afro Domingo Vásquez del consejo comunitario Afro Renacer del Micay, en El Tambo (Cauca), tuvo que salir el 20 de abril junto con su hijo por amenazas de muerte del frente Carlos Patiño, disidencias de las Farc-ep.

El departamento del Cauca es uno de los más afectados en Colombia por la violencia social y armada, “esto nos hizo movilizarnos a exigir garantías para los defensores y defensoras de derechos humanos, quienes en últimas, defienden un territorio, el ecosistema; defienden la vida, la económica propia, la soberanía alimentaria para que la gente pueda desarrollar sus vidas, y puedan vivir ” así lo expresa María Leonor Yonda, integrante del Consejo Afrorenacer y Coordinadora Nacional Agrario (CNA) Congreso de los Pueblos.

Con una voz serena pero segura, Yonda analiza que, históricamente con todos los gobiernos en Colombia, en el marco de las marchas, movilizaciones, y desde la Cumbre Agraria se llegan a Acuerdos, pero dilatan lo pactado y terminan no cumpliendo nada a las comunidades; por eso, “no vamos a negociar con el Gobierno, vamos a exigir para que implemente una política de cómo va a garantizar la vida y la permanencia de las personas en los territorios”.

Lista de exigencias

Y cómo no dar la razón a esta postura de valentía, coraje y también de desespero de los marchantes por la dignidad, si en lo que va corrido del año han asesinados más de 219 líderes sociales, y el listado de exigencias que ellos le hacen al Gobierno de Iván Duque no es nada nuevo, pero es sumamente valioso para que no se siga derramando una gota de sangre más en este país suramericano.

  • Exigen protección para las comunidades colectivas, que es el fortalecimiento de las guardias campesinas y cimarronas; quienes juegan un papel fundamental en los territorios
  • Cumplimiento al Acuerdo de Paz firmado en el 2016.
  • Exigen que se cumpla lo pactado con las organizaciones sociales en marco de los diferentes paros.
  • El cumplimiento, garantías para la protesta social.
  • Exigen terminar con la militarización Estatal, pero también la paraestatal que es el reacomodamiento del paramilitarismo que ha dejado centenares de víctimas.

Pero, para conocer uno de los puntos más complejos en Colombia, que está incluido dentro de las exigencias: la producción de coca, conversamos con el líder social José Santos, quien le recuerda al Gobierno Nacional la propuesta que surgió desde el corregimiento del Plateado, la reducción del 5% de producción de coca, y algunas hasta el 2% mientras el gobierno les cumplía, pero no fue así, “el gobierno no brinda garantías”.

Para Leonor Yonda, a los campesinos y campesinas productores de coca “hay un tratamiento de guerra por los continuos asesinatos, enfrentamientos y hostigamientos de la fuerza pública. Pues el problema del cultivo de coca es un problema estructural, que no hay inversión de desarrollo social”

Yonda coincide con Santos al señalar de que han surgido propuestas desde las comunidades para superar la producción de la hoja de coca, pero el gobierno, muy al contrario, ha tratado de que los Acuerdos no avancen, donde en el punto 1 y 4 está también la ruta a seguir para salir de ese problema. Entonces, la exigencia es, que el Gobierno trabaje con los mecanismos y propuestas que se ha construido en las comunidades.

Denuncia

“Nos reunimos tres personas entre ellas, un integrante de la Fuerza pública para denunciar la presencia de las disidencias de las Farc-ep; estábamos muy presionados. Al día siguiente, nos llegó las disidencias haciéndonos una emboscada en las veredas Aguas Claras, Betania y San José en represaría por la denuncia. ¿Entonces, qué supone uno que la Fuerza Pública está trabajando con ellos?” señala líder social. 

Además, la Jaime Patiño (disidencias Farc) en el mes de abril de 2020 en la vereda del Micay les sentenció a la Junta de Acción Comuna “si ustedes no definen quien es el presidente de la Junta, nosotros lo vamos a elegir. Esta situación deja ver la omisión y ausencia del Estado para gobernar, aunado a que este grupo este configurando una suplantación de organización en la comunidad” agregó.


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