Cultivos de uso ilícito: erradicación o concertación

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Los organismos de seguridad del Estado informaron, hace poco, (el 1° de mayo del 2020), que ya se inició, en varios lugares del país, una nueva fase de erradicación manual de cultivos de uso ilícito, (coca y marihuana, especialmente), lo que a su vez ha generado serios enfrentamientos entre los campesinos de cada región, (que defienden la tarea, (erradicación manual) porque de ahí derivan su sustento diario, y los miembros de la Policía y el Ejército, encargados de vigilar y controlar esas faenas.

Por Edwin Franky Mejía Chavarro.

Al principio de su gobierno, el presidente Iván Duque  indicó que la meta para su gobierno en este año era erradicar unas 130 mil hectáreas de estos cultivos; ese objetivo hoy parece que no se podrá cumplir, según los expertos,  debido a que se sigue erradicando en forma manual y  hoy solo se ha logrado destruir cerca de 16 mil hectáreas; los técnicos aseguran que el propósito podría cumplirse solo si se usa, de manera ágil, segura y legal, el tan muy criticado glifosato, por medio de fumigaciones aéreas.

Varios de los ministros del presidente Duque, que tienen que ver con el tema, también han dicho en, varias ocasiones y en diferentes escenarios del país y del exterior, que insistirán hasta el final para que se restablezca la fumigación aérea de manera reglamentaria.

Hoy las autoridades consideran que la situación en varias regiones del país es grave, ya que aparte de que los habitantes de cada región, que siempre se han opuesto a esta prohibición porque inmediatamente se generaría una reducción o una suspensión de sus ingresos para su sobrevivencia, por su labor erradicadora, ahora deben luchar con personas pertenecientes, en su mayoría, a carteles al margen de la Ley, principalmente extranjeros, que buscan controlar todo el negocio de la producción de la droga, desde su siembra hasta su distribución final  en el exterior.

En este sentido pienso que es mejor insistir en la negociación con los campesinos de cada región para que se les brinden verdaderas alternativas de ingresos legales, con el fin de que abandonen la actividad ilegal, así sea con menores ingresos de los que les que ofrecen los narcotraficantes; ellos, los campesinos, seguramente preferirían más poquito dinero, pero seguro y legal que bastante, como lo que les ofrecen los carteles, pero arriesgando su integridad y la de su familia.

De otro lado, la Casa de Nariño informó que todas las acciones emprendidas por el primer mandatario, durante la cuarentena, en pleno Coronavirus, no afectaron los operativos de la Policía y del Ejército, desde los primeros días de mayo y hasta finales de marzo.

 Lo que destacan sus voceros es que en los últimos días sí se han presentado en varios departamentos y esporádicamente, varias alteraciones del orden público, especialmente en Nariño y en Norte de Santander, dónde un buen número de personas devengan sus ingresos de esta actividad.

También se informó que el pasado 22 de abril, en enfrentamientos con la Policía y el Ejército, falleció en Nariño el indígena Artemio Astacuas; mientras que el 26 de marzo murió (por balas del Ejercito, según las primeras investigaciones), Alejandro Carvajal, en la zona del Catatumbo (Norte de Santander); esta y otras razones llevaron al primer mandatario nortesantandereano a suspender la erradicación manual.

En lo personal no estoy de acuerdo con las fumigaciones aéreas, por varias razones: el grandísimo daño que se le hace al medio ambiente, las afectaciones a los campesinos que habitan con sus familias en las zonas donde se hace la aspersión y donde están dedicados a otros cultivos no prohibidos, la dudosa efectividad del veneno para combatir esas plantaciones, y finalmente los daños a la salud que se producen con el tiempo, dando como resultado muertos, mutilados, heridos y otros daños colaterales.


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