Confirmada la captura de alcaldes de la costa nariñense

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Los mandatarios además de otros funcionarios y contratistas cayeron dentro de la gigantesca operación Escudo. Resuelven el asesinato de la personera de Samaniego.

Noticias Nariño

Fue confirmada la información que desde la semana anterior difundió La Noticia Sin Fronteras, en torno a la operación denominada Escudo en el departamento de Nariño, en la que se logró la captura de los alcaldes de El Charco, Milton Cuero Tejada, de Mosquera, Johan Velásquez Moreno y de La Tola, Federman Riascos Lerma.

Esta  ofensiva interinstitucional se constituye en uno de los golpes más fuertes contra las bandas armadas ilegales, el narcotráfico y la corrupción que se teje en la costa y el piedemonte nariñense.

Uno de los logros más importantes fue la acción investigativa y operativa que permitió esclarecer el homicidio de la personera de Samaniego, Paula Andrea Rosero; y el atentado contra el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Paso Feo del corregimiento Curiaco, en Taminango.

Afirma la investigación que cuatro organizaciones residuales y el Eln fueron las estructuras de crimen más impactadas, además se precisa que en 15 días se erradicaron 1.646 hectáreas de coca, intervinieron 34 laboratorios para la producción de estupefacientes y destruyeron 11 excavadoras y maquinaria pesada utilizada en minería ilegal.

Ente los capturados conjuntamente con los alcaldes también están particulares como José Ramón Correa Martínez, presunto cerebro del esquema de corrupción, que fue detenido en Bogotá; Eduardo Alfredo Ghisays Vitola, supuesto financiador, capturado en Montería (Córdoba).

Al mismo tiempo aprehendieron al consejero de paz de La Tola, Cristóbal Ortiz Barahona, a Mauricio Alexander Quintero Bonilla, ingeniero contratista de la Alcaldía de El Charco y los también contratistas Wilmar Caicedo Campaz y el arquitecto Javier Castro Garcés.

Los funcionarios y particulares fueron imputados por concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos. El juez de control de garantías impuso medidas privativas de la libertad a 8 de los procesados y se abstuvo de imponer medida al alcalde de Mosquera.

Este es el momento cuando capturan al Concejero de Paz del municipio de la Tola, Cristóbal Ortiz. 

Precisa la Fiscalía General de la Nación, que a través de la delegada contra la Criminalidad Organizada, detectó un presunto acuerdo ilícito de voluntades del que harían parte funcionarios y particulares que fungían como contratistas, financiadores, técnicos o intermediarios.

Las investigaciones advirtieron que, desde 2017, este grupo de personas presuntamente gestionó de manera irregular contratos ante diferentes entidades del Estado y municipios priorizados dentro de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), algunos de ellos ubicados en Nariño como La Tola, El Charco y Mosquera.
Otras capturas

En el barrio Morrito de Tumaco fue capturado uno de los presuntos cabecillas urbanos del grupo residual Oliver Sinisterra, conocido como Amir Eduardo Obando Castro, alias Mincho, a quien le incautaron una pistola calibre 9mm con 32 cartuchos para la misma y 3 teléfonos celulares.

Al ‘Mincho’ le imputaron tráfico, fabricación y porte de armas de fuego agravado, y recibió medida de aseguramiento en centro carcelario. Los reportes de inteligencia indican que este hombre, de 33 años de edad, habría entrenado y organizado un grupo que sería responsable de homicidios selectivos y de ataques con granadas contra los establecimientos comerciales de personas que se negaban a pagar extorsiones en Tumaco.

También en una operación de asalto aéreo en el corregimiento de San Sebastián, en zona rural de Tumaco, comandos especiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional llegaron a uno de los puntos de concentración de alias Borojó, señalado cabecilla de las Guerrillas Unidas del Pacífico.

En el procedimiento fue neutralizado uno de los supuestos jefes de una comisión de esa estructura criminal conocido como ‘Pantera’. Asimismo, se incautaron tres armas de fuego, cerca de 500 cartuchos, proveedores para fusiles Galil y M- 4, radios de comunicaciones, una granada y un chaleco multipropósito.

A la denominada Estructura 29, el grupo residual más golpeado en la operación Escudo II, le fueron capturados 12 presuntos integrantes de una de sus redes narcotraficantes señalada de coordinar desde el cultivo y procesamiento de estupefacientes en Nariño, Valle del Cauca y Cauca, hasta el envío de los cargamentos a Perú, Ecuador y Chile.

Entre los detenidos está Rogelio Ríos Medina, alias El Paisa, supuesto cabecilla encargado de las plantaciones, elaboración de las sustancias estupefacientes y transporte a los diferentes centros de acopio.

Otro capturado fue identificado como Fabio Oswaldo Mejía Trejos, quien estaría a cargo del acondicionamiento de vehículos para camuflar los alijos de droga y dirigir los despachos hacia el extranjero.

Atención: El Periodista Winston Viracachá entrevista al alcalde de El Charco, Milton Cuero Tejada, quien luego de ser dejado en libertad asegura que «todo fue un montaje».

Identifican asesino de personera

Dentro de esta operación se resolvió en parte el asesinato de la personera de Samaniego, Paula Andrea Rosero Ordoñez, a quien le dispararon desde una motocicleta en la que se movilizaban dos hombres armados.
Se asegura que a través de los testimonios recopilados, la persona que habría herido de muerte a la líder social fue identificada y ubicada.

Se trata de Kevin Javier Mendoza Centeno, detenido en Cali (Valle del Cauca) y presentado ante un juez de control de garantías como presunto responsable de homicidio agravado. Por solicitud del fiscal del caso, recibió medida de aseguramiento en centro carcelario.

Los indicios darían cuenta de que una estructura narcotraficante del Pacífico Colombiano habría contactado en Cali (Valle del Cauca) a Mendoza Centeno y al hombre que, supuestamente, lo acompañó en la motocicleta, y les pagó para que viajaran a Samaniego (Nariño) y atentaran contra la personera.

Paula Andrea Rosero, víctima.

Caso de líder comunal

La investigación dentro del caso de la muerte de José Astul Obregón Daza, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Paso Feo del corregimiento Curiaco, en Taminango, precisa que el hecho fue esclarecido.
Dos hombres que se movilizaban en una motocicleta dispararon contra el líder comunitario y le ocasionaron graves heridas en la pierna y en un pulmón. La agresión armada ocurrió el 22 de abril de 2019.

Afirman las autoridades que Lisandro Meza Daza, alias El Ratón, es el autor material del atentado y fue capturado en Cali (Valle del Cauca). En audiencias de control de garantías fue imputado tentativa de homicidio, y fabricación, tráfico, porte o tenencia armas de fuego agravado.

Por ahora, las indagaciones evidencian que alias Ratón y su presunto cómplice también fueron contratados en Cali (Valle del Cauca) para perpetrar el ataque.

Desvío de combustible

Indicaron las fuentes oficiales a La Noticia Sin Fronteras que en la operación Escudo II fue develado un esquema criminal diseñado para abastecer de hidrocarburos al narcotráfico y lucrar ilícitamente a las organizaciones criminales.

La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación identificaron cinco estaciones de servicio ubicadas cerca del casco urbano de Tumaco (Nariño), desde las que se hacían pedidos a las instancias legales que autorizan el abastecimiento del producto.

Con los permisos en orden, se realizaba el cargue del hidrocarburo en Yumbo (Valle del Cauca), los carrotanques cumplían el recorrido normal y los conductores reportaban en las diferentes estaciones la cantidad exacta avalada.
Sin embargo, a su llegada a Tumaco, parte del combustible era extraído y distribuido en barcos tanqueros y otros vehículos de carga que se encargaban de desviarlo a puntos distantes ubicados en El Charco, Pizarro, La Tola y Olaya Herrera.

El proceso era cerrado en el Sistema de Información de Combustibles Líquidos del Ministerio de Minas y Energía (SICOM) como si el hidrocarburo quedara en Tumaco (Nariño) para suplir las necesidades de la población y la economía local, cuando en realidad estaba en manos de las organizaciones criminales.

En las indagaciones se constató que algunas de las bombas no tenían la infraestructura ni los elementos para cumplir con el suministro de gasolina, así que sólo servían de fachada para dar apariencia de legalidad al andamiaje ilícito.
Por estos hechos fueron capturadas 13 personas, entre ellas el señalado cabecilla identificado como William Ortiz Perlaza, alias Tigre; además de los articuladores y transportadores del hidrocarburo.

Las cinco estaciones de estaciones de servicio, embarcaciones tipo tanquero y tractocamiones, bienes cuyo valor ascendería a los 4.400 millones de pesos, quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales.

Asimismo, establecimientos de comercio, vehículos de carga e inmuebles, avaluados en 3.100 millones de pesos, que pertenecerían a otra organización delincuencial dedicada a la desviación de hidrocarburos, también fueron ocupados con fines de extinción del derecho de dominio.

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