Niñez involucrada en el conflicto armado: un problema de Derechos Humanos

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Las instituciones que de una u otra manera tiene que ver con la infancia y las Fuerzas Militares buscan estrategias para atender este tema con eficiencia y resultados perceptibles. En los primeros ocho meses de este año, 125 menores de edad han ingresado al Programa de Atención Especializado para el Restablecimiento de Derechos a Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Reclutamiento Ilícito que se desvinculan de grupos armados organizados al margen de la ley.

Está claro que si el Estado colombiano no asume el liderazgo en la búsqueda de estrategias y mecanismos que aparten a los menores de edad del conflicto armado, nadie más emprenderá alternativas efectivas.

Pero aunque parezca una verdad incontrovertible, la verdad es que históricamente loa gobernantes ignoraron de plano la incidencia de la guerra en la población infantil, especialmente la que recibe de manera más directa el impacto de las acciones más agresivas o sangrientas.

Ahora, parece que las cosas pudieran comenzar a cambiar: El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Ejército Nacional acaban de firmar un convenio interadministrativo para fortalecer la protección integral de los derechos de la niñez, la adolescencia y el fortalecimiento familiar en condición de vulnerabilidad.

Este convenio “permitirá que todos los niños, niñas y adolescentes bajo Protección del ICBF y vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) regularicen su situación militar de manera prioritaria; también podremos difundir mensajes de sensibilización a través de las emisores y plataformas digitales del Ejército. Esta iniciativa también va a impulsar que los jóvenes con declaratoria de adoptabilidad puedan acceder a becas completas para cursar la carrera militar», señaló la Directora General del ICBF, Juliana Pungiluppi.

Por su parte, el Comandante del Ejército Nacional, General Nicacio Martínez señaló que las dos instituciones tienen propósitos comunes que coinciden en la importancia de realizar acciones conjuntas para generar espacios educativos, talleres, charlas y campañas donde las familias militares, niños, niñas y adolescentes, reciban herramientas para la prevención de la violencia intrafamiliar.

Promoción y prevención de violencias

Hay que decir también que el convenio también permite desarrollar procesos de formación y capacitación en promoción y prevención de violencias contra niños, niñas y adolescentes con énfasis en violencia sexual, embarazo adolescente, trabajo infantil, violencia intrafamiliar o la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA). También en prevención del reclutamiento forzado, el consumo de sustancias psicoactivas y la socialización de rutas de atención en los casos de vulneración de derechos.

Sobre esta materia, la Directora del ICBF destacó que actualmente el Instituto atiende a 230 niños, niñas y adolescentes desvinculados de los grupos armados ilegales en un programa especializado que ha permitido el restablecimiento de sus derechos a la salud, educación, alimentación, entre otros. Desde 1999, ICBF ha atendido 6.732 menores de edad desvinculados.

Mientras en 2017 cada mes ingresaban cerca de 24 menores de edad al programa de desvinculados del ICBF, para el 2018 esta cifra bajó a 16 ingresos mensuales y para 2019 se reporta un promedio mensual de 15 ingresos.

En los primeros ocho meses de este año, 125 menores de edad han ingresado al Programa de Atención Especializado para el Restablecimiento de Derechos a Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Reclutamiento Ilícito que se desvinculan de grupos armados organizados al margen de la ley.

«Si bien trabajamos articuladamente con el Ejército Nacional en la prevención del reclutamiento se hace necesario la participación de todos los sectores para el desarrollo regional y la consolidación territorial», dijo Juliana Pungiluppi.

«De tiempo atrás, las dos entidades han realizado acciones en pro de los derechos de los niños, las niñas, los adolescentes y las familias, pero estas se hacían de manera espontánea, sin un plan de acción que fijara metas, responsables y resultados esperados en un tiempo. Con este convenio se da una planeación y articulación organizada, con metas sistemáticas, que reflejan el esfuerzo del Estado», agregó la Directora.


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