La guerra que nunca terminó

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Guerrilleros de los frentes 6 y 29 de las farc – ep en proceso de dejación de armas.

Solo víctimas, más de 8 millones, según las cifras oficiales del Gobierno colombiano y la Organización de Naciones Unidas, ONU, ha dejado la cruenta guerra civil colombiana, luego de 54 años de presencia guerrillera, paramilitar, militar y de policías en territorios en donde el Estado que construye, educa y sana nunca llegó. En el suroccidente de Colombia, entre la costa pacífica y la frontera con Ecuador, territorio en donde se realizó el trabajo de campo de este reportaje, las estadísticas son más irregulares. Los líderes populares y comunitarios hablan de más de 2 millones de víctimas, incluyendo personas asesinadas, heridas, amenazadas, secuestradas, desaparecidas y desplazadas. Se trata de una guerra camaleónica: sus protagonistas han crecido y se han transformado, cambian de color y de bandera según los intereses de sus líderes y comandantes. Pese a todo esto, la violencia sigue dejando un sendero de sangre y desolación.

Por Víctor Chaves Rodríguez. Investigador Social, Periodista, Comunicador, Docente Escolar y Universitario con más de 35 años de experiencia profesional, obtenida tras un largo ejercicio en medios masivos, comunitarios y alternativos de comunicación, oficinas de prensa y afines y 24 en el campo de la educación, universitaria y escolar. Cuenta con amplia experiencia en trabajo de campo con fines comunicativos e investigativos. Realiza seguimiento periodístico permanente a los procesos de paz que se adelantan en Colombia, entre el Estado y los grupos armados guerrilleros, incluyendo el contacto con líderes y organizaciones, civiles, comunitarias y populares en los territorios de histórico conflicto social y armado, especialmente en el suroccidente de Colombia, como son la costa pacífica y la zona de cordillera entre Nariño y Cauca, en límites con Ecuador.

Las víctimas de la guerra colombiana, hombres, mujeres, niños, ancianos y demás, también se han transformado a lo largo de más de 5 décadas de horror, pero sin dejar jamás su condición de miseria extrema y desolación. Algunas veces han permanecido confinadas en sus humildes chozas o casuchas, mientras pasan los combates o se van “los malos” de sus territorios. Otras veces, por obligación o por miedo, son obligados a dejar lo poco que tienen para marchar en busca de un refugio que los mantenga alejados de las balas y las bombas, en unos casos, o simplemente para proteger con sus cuerpos a alguno de los actores armados de este drama que parece no tener fin.

De esto dan fe organizaciones locales como la Defensoría del Pueblo o mundiales como el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR.

Son personas humildes al extremo, muchas jóvenes y adultas que jamás pudieron acceder a un mínimo de educación: no pisaron una escuela porque sencillamente estas no existen o porque los profesores que alguna vez estuvieron por allí huyeron despavoridos tras el sonido de las metralletas o las explosiones de las granadas. No saben lo que es una vacuna y muchos ni siquiera poseen su cédula de identificación. Es decir que en la práctica nunca han existido para un Estado inepto, discriminador y corrupto, como tristemente lo atestigua la historia reciente y lejana de este país.

A lo largo de más de 5 décadas de conflicto armado (porque el conflicto social, político y económico es más que centenario), cada grupo en armas se transformó: nació cono producto  de una necesidad social e ideológica, creció porque nunca se vislumbraron salidas diferentes a una crisis propiciada por los mismos gobernantes que siempre han permanecido en el poder. Pero sucumbieron, todos sin excepción, ante el poder avasallante de las drogas alucinógenas, del narcotráfico, a partir de las matas de marihuana, coca y amapola, cuyos sembrados transformaron para siempre no solo la geografía del país, sino a la gente, dando paso al surgimiento de expresiones culturales, con tanta fuerza y arraigo que aún hoy se duda si esta crisis social que hoy se padece, algún día terminará o sufrirá una nueva transformación, tal vez más benévola para las mayorías. Pero todo eso está por verse, como lo establecen ong dedicadas a temas de pos conflicto como la Fundación Paz y Reconciliación, de Bogotá, Colombia.

Guerrilleros del Frente 29 de las Farc – ep en la fase previa a la dejación de las armas

Guerrillas sin norte, guerrilleros con las esperanzas gastadas

En este país los medios masivos de comunicación nunca distinguieron entre guerrillas y guerrilleros. Para sus periodistas, editores y directores, siempre significaron lo mismo: terrorismo. Muy pocas veces profundizaron en alguna connotación relacionada y por lo general se suscribieron a la versión oficial, es decir a la de los militares, los ministros, el presidente y los voceros de los principales gremios sociales y económicos del país. (Publicación Colombia Informa, 2017).

Un periodista alternativo o independiente, con muy pocos recursos claro está, tiene la oportunidad de meterse un poco más adentro de esta realidad y darse cuenta, para luego contarlo o relatarlo, que fundamentalmente de lo que se trata es de puñados de seres humanos que provienen de las mismas tierras en donde pueblan las víctimas de esta guerra.

Son sus hijos, hermanos o padres. La mayoría asustados, desorientados y con una esperanza de alcanzar una paz firme y duradera que poco a poco se ha ido desgastando, casi a la par de la evidente desorientación política a la que llevaron a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, sus principales líderes o comandantes hasta el punto de que muchos optaron por volverse para el monte y empuñar de nuevo los fusiles, sin saber a ciencia cierta por qué causa es que ahora están peleando.

Al comienzo del proceso de paz que durante cerca de 5 años desarrollaron en La Habana, Cuba, las Farc, guerrilla comunista con más de 52 años de existencia, y una delegación del Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos, a nombre del Estado, los guerrilleros de base dieron rienda suelta a su capacidad de soñar. Muchos llegaron a pensar que una nueva vida para ellos y para los colombianos más pobres sí era posible; que los gobernantes dejarían atrás sus actitudes egoístas y sobre todo corruptas y que invertirían con generosidad en la salud y la educación de los niños, adolescentes y jóvenes. Lo siguiente que hicieron los en ese entonces combatientes en proceso de dejación de armas, fue embarazarse. A finales de 2017 se contaban 140 los bebés, hijos de guerrilleras y guerrilleros que habían llegado como fruto del anhelo de comenzar a construir la nueva Colombia desde la familia. Luego, cuando se concentraron en los espacios definidos para desarrollar el proceso de dejación de las armas, todo ese grupo de muchachos y muchachas, al que se sumaban los viejos o veteranos, que no eran pocos, llegó cargado de ilusiones y de muchas otras emociones positivas, convencido de que el tiempo de la guerra había concluido y que ahora tocaba pelear pero con las palabras. No mucho tiempo habría de pasar antes de que ese castillo de naipes se viniera al piso.

De la euforia a la desazón

En el norte del departamento de Nariño, provincia colombiana en el Pacífico suroccidental, en límites con su similar del Cauca, al norte, y Ecuador, al sur, el conflicto armado comenzó hace más de 35 años, cuando la coca pasó a ser  considerada como la única alternativa agropecuaria y económica, pues lo poco que se producía en estos territorios se llenaba de sobrecostos en su ruta hacia los grandes mercados.

Por ese entonces, el grueso de los pobladores de la zona rural, eran familias campesinas  provenientes de cabeceras como Policarpa, Cumbitara y Sotomayor, que llegaban en busca de un porvenir, pues la tierra se veía productiva para su cultivo y aprovechamiento en el ganado.

También aparecen en el mapa demográfico del territorio, comunidades negras provenientes de la costa, que se extendieron a través de cuencas como la del río Patía, el recurso más importante para movilizarse, incluyendo personas y carga, además de varios pueblos indígenas que son los pobladores originales del territorio del pie de monte, además de la cordillera y de gran parte de la parte baja de la región pacífica colombiana.

Aunque todos  ellos siempre tuvieron la esperanza de que por fin algún gobernante se diera cuenta de la situación tan compleja que social y económicamente padecían, también sabían que se necesitaba algo más que voluntad política, dinero para invertir en la salud, la educación, las vías, el agua potable, etc. Resarcir siglos de olvido y décadas de guerra tiene un costo demasiado elevado y es necesario comenzar por algún lado. Así lo plantean entre otros el director del diario El Tiempo, de Bogotá, Colombia, Roberto Pombo.

Los acuerdos alcanzados en La Habana soportaron gran parte de su contenido en la presencia inmediata de las instituciones del poder público en todos los territorios en los que los integrantes de las Farc ya no actuarían como soldados de un ejército irregular, sino como miembros de una colectividad política, pero nada de eso ocurrió. El Estado siguió prácticamente invisible y los demás planes sociales, populares y comunitarios que también se promovieron en el pacto, apenas si se han desarrollado (ONU, 2017).

Y por supuesto, la guerra no terminó: simplemente se transformó. Se fragmentó en mil pedazos, cada uno, una banda criminal, de pequeña, regular y al parecer gran envergadura según reportes de ong internacionales especializadas en esta fase de los conflictos, conocidos por el público en general, metidas en el monte, trepadas en la montaña o pérdidas en el mangle, tratando de sacarle su propia tajada a lo que dejan los negocios ilegales, empezando por la producción de cocaína y el comercio del oro que se extrae de las entrañas del territorio y de las cuencas de los ríos.

Para los habitantes de estos territorios, que ahora son una mezcla de muchas etnias nativas y de las provenientes de diversas  regiones de Colombia y hasta de otros países, el proceso también ha cumplido un recorrido de enormes y diferentes expectativas. Allí como en muchas partes del país, se sabe a ciencia cierta lo que es el terror de la guerra. Durante más de 3 décadas, miraron pasar frente a sus ojos  a todos los protagonistas armados. Todos abusaron de ellos; todos los maltrataron y todos en algún momento atentaron contra ellos o por lo menos pusieron en riesgo la vida de los civiles.

Por eso cuando se comenzó a hablar de la paz,  todos empezaron a soñar en que una nueva vida sí era posible. Se imaginaron en casas grandes, todos contentos, sin que les faltara nada. Alcanzaron a mirar cómo sería a partir de ese momento su tierra, su pueblo o su barrio en la gran ciudad, sin balas, ni explosiones y a todos  andando sin miedo por las calles.

Los testigos de esta parte del proceso no podían menos que sorprenderse en cada movilización por la paz: la participación de la comunidad era prácticamente total; nadie se quería quedar al margen de este momento histórico y la alegría era la constante. Mujeres, niños y hombres se movían por los caminos y trochas, llevando sus banderas blancas y sus camisetas proclamando el fin del conflicto. Todo se volvía una fiesta y no era para menos.

Pocos eran los que sabían o por lo menos calculaban, lo que se venía encima. El fracaso de los acuerdos, el sentimiento de la traición que no tardó en aflorar, las nuevas formas de la guerra, la erradicación forzada, la fumigación de sus cultivos, el hambre, la falta de oficio, el regreso al pasado que convirtió los sueños en las viejas pesadillas.

Estampas de lo que se creía que sería el fin de la guerra y el nacimiento de una nueva Colombia.

El camino de los acuerdos

Momento histórico: Ramiro, comandante del frente 20 de las Farc – ep, coincide en 2016 en un restaurante de la localidad de Madrigal, municipio de Policarpa, departamento de Nariño, con miembros de la Policía Nacional que custodian el corregimiento. Todo fue amabilidad, sonrisas y buenos deseos. La paz se cocinaba bien, a esas alturas.

En octubre de 2016 un poco más de 13 millones de colombianos, según la Registraduría del Estado Civil en Colombia, participaron activamente en el proceso de refrendación o no de  los acuerdos de La Habana. Por muy poco, se impusieron quienes se habían manifestado en contra de todo este proceso y el contenido de lo pactado.

El resultado sorprendió a mucha gente, dentro y fuera del país,  pero sobre todo generó una gran situación de incertidumbre sobre lo que finalmente debería pasar con el pacto y la ciudadanía terminó de polarizarse políticamente.

El contenido de los acuerdos perdió fortaleza política y terminó en manos de un órgano legislativo que suele votar los proyectos e iniciativas para atender más lo urgente que lo de fondo y se imponen los criterios partidistas a los que plantean profundas reflexiones sobre el presente y el futuro del país, especialmente de quienes han padecido los rigores del olvido y la guerra.

A todo esto se sumó una intensa campaña mediática que buscaba y  aún lo hace, dar al traste con lo poco que se avanzó, especialmente en temas de justicia, para convertir todo en una colcha de retazos muy alejada de lo que esperaban las víctimas y gran parte de la base de la entonces organización guerrillera.

Cultivos de uso ilícito, asunto sin resolver

Hoy, cuando ya nos aprestamos a cumplir el tercer aniversario (noviembre de 2019) de la suscripción del acuerdo, flotan en el aire tufillos de fracaso, de incumplimiento, de traiciones y para muchos del pronto retorno del conflicto con gran intensidad en los territorios en el Estado aún no ha llegado.

El tema de la producción de hoja de coca se sigue tratando con un énfasis policial y judicialista similar al del narcotráfico y pese a que  mucha gente se comprometió a adelantar procesos de sustitución gradual y concertada de los cultivos, como estaba también estipulado en los acuerdos de La Habana, los gobernantes y autoridades optaron por la erradicación forzada y la fumigación  indiscriminada, generando nuevas problemáticas para los pobladores de los territorios aledaños a los cultivados con coca, y al ambiente en general.

La consecuencia más general de todo este proceso apunta a que 7 años después de que se comenzó a hablar de paz formalmente en Cuba y 3 de haberse suscrito el que se consideraba como un documento definitivo, para los colombianos más pobres y desolados está más claro que es más fácil que retorne lo más crudo, sangriento y triste de la guerra antes de que de verdad se comience a implementar la verdadera paz. La que llevan décadas esperando.

Para todas las víctimas del conflicto armado los últimos 5 años han sido como una especie de montaña rusa, una combinación de sentimientos y ansiedades. La mayoría de quienes han padecido por alguna o algunas de las expresiones más dolorosas de una guerra con las características de la nuestra ha estado a lo largo de estos años siempre dispuesta a perdonar a sus verdugos, opresores y enemigos. Pero otra parte del país, que posiblemente no ha tenido mucho que ver, por lo menos de manera directa con el conflicto armado, se ha encargado de dar al traste con el sueño de vivir en paz, sin guerra.

El país se mueve por entrecejos demasiado complejos en materia social, política y económica que hacen calcular años muy difíciles para los territorios y sus pobladores, en donde la guerra no ha dejado de existir. La voluntad de una salida dialogada entre el Estado y lo que queda de organizaciones guerrilleras, no se vislumbra con claridad y en todo caso jamás sería suficiente para detener la violencia, mientras el mundo no resuelva por lo menos el tema de las drogas prohibidas.


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